Siguen la corrupción y las tranzas a lo grande en Tónachi -lugar de horcones o pilares- , municipio de Guachochi
* Un millón de pesos debe pagar el ejido por el aserradero ilegal en La Gobernadora
* Quieren que lo paguen los 250 ejidatarios, mayoria indígena, -como siempre-, cuando el que debe pagar es el que se beneficio personalmente el cacique.
(Esta columna se publicó en Ráfagas de El Heraldo de Chihuahua el pasado miércoles 27, 2009).
MULTA.- El ejido de Tónachi, en Guachochi, fue multado con un millón de pesos al descubrir un aserradero clandestino en la comunidad de La Gobernadora, dentro del mismo territorio, donde por meses se habían hecho de la vista gorda las autoridades ambientales.
CACIQUES.- El aserradero, se sabe, era administrado por Genaro Payán, hijo del cacique mayor de Tónachi, José Payán Ramos, que siempre negó que tuviera un aserradero clandestino en La Gobernadora, pese a que todo mundo sabía, pues decenas de personas eran explotadas en el lugar, que existía y operaba al 100 por ciento talando bosques de la sierra.
FALSOS.- La multa de un millón de pesos al ejido se debió a que no contaba con los permisos necesarios para funcionar como aserradero oficial, que deben otorgarse por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
COMISARIADO.- La multa se conoció en la última asamblea ejidal en la que se realizó el cambio de comisario ejidal, lo cual también desató inconformidades de los ejidatarios porque, para variar, volvió a quedar un familiar de los Payán, que por décadas han controlado la explotación forestal de la región.
EXPLOTACIÓN.- El reclamo de los ejidatarios, muy justo, es que la multa la pague Genaro Payán, el infractor, y no los 450 integrantes del ejido que nunca han recibido un solo peso por concepto de explotación de su bosque, el cual tienen vedado.
EMPRESA.- Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, la familia Payán Ramos ha convertido al ejido de Tónachi en una empresa particular que se ha enriquecido del bosque de los indígenas y nunca ha repartido utilidades por la explotación del bosque, aprovechando la corrupción oficial y la ignorancia y buena voluntad de los indígenas.
AYUNTAMIENTO.- Parece que será el municipio de Guachochi, a cargo de Martín Solís, el que cobre la multa para luego transferirla a las instancias responsables, además de que, supuestamente, será castigado el responsable del aserradero clandestino en La Gobernadora.
CORRUPCIÓN.- El tema cobra muchísima relevancia porque ya se había denunciado un aserradero, pero las instancias federales no lo veían. Luego lo ven y multan al ejido, uno de los muchos que viven en la miseria en la sierra, en vez de culpar directamente al dueño del aserradero.
FRUTOS.- O lo que es lo mismo: el dueño del fruto del negocio ilegal, que debería ser más penado por la situación climática actual, se queda con las ganancias con la complacencia oficial y las multas por explotación ilegal deben pagarlas todos los ejidatarios.
LEGALIDAD.- ¿Y la cultura de la legalidad? ¿Y la eficiencia de las autoridades en materia ambiental? ¿Y la justicia para los indígenas que apenas si entienden los términos de los permisos, las multas y la explotación del bosque para utilidades? Guachochi, como buena parte de la sierra, no sólo parece tierra sin ley por la inseguridad, sino también por el caciquismo que nos remonta a siglos pasados, patrocinados por los gobiernos corruptos.
* Un millón de pesos debe pagar el ejido por el aserradero ilegal en La Gobernadora
* Quieren que lo paguen los 250 ejidatarios, mayoria indígena, -como siempre-, cuando el que debe pagar es el que se beneficio personalmente el cacique.
(Esta columna se publicó en Ráfagas de El Heraldo de Chihuahua el pasado miércoles 27, 2009).
MULTA.- El ejido de Tónachi, en Guachochi, fue multado con un millón de pesos al descubrir un aserradero clandestino en la comunidad de La Gobernadora, dentro del mismo territorio, donde por meses se habían hecho de la vista gorda las autoridades ambientales.
CACIQUES.- El aserradero, se sabe, era administrado por Genaro Payán, hijo del cacique mayor de Tónachi, José Payán Ramos, que siempre negó que tuviera un aserradero clandestino en La Gobernadora, pese a que todo mundo sabía, pues decenas de personas eran explotadas en el lugar, que existía y operaba al 100 por ciento talando bosques de la sierra.
FALSOS.- La multa de un millón de pesos al ejido se debió a que no contaba con los permisos necesarios para funcionar como aserradero oficial, que deben otorgarse por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
COMISARIADO.- La multa se conoció en la última asamblea ejidal en la que se realizó el cambio de comisario ejidal, lo cual también desató inconformidades de los ejidatarios porque, para variar, volvió a quedar un familiar de los Payán, que por décadas han controlado la explotación forestal de la región.
EXPLOTACIÓN.- El reclamo de los ejidatarios, muy justo, es que la multa la pague Genaro Payán, el infractor, y no los 450 integrantes del ejido que nunca han recibido un solo peso por concepto de explotación de su bosque, el cual tienen vedado.
EMPRESA.- Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, la familia Payán Ramos ha convertido al ejido de Tónachi en una empresa particular que se ha enriquecido del bosque de los indígenas y nunca ha repartido utilidades por la explotación del bosque, aprovechando la corrupción oficial y la ignorancia y buena voluntad de los indígenas.
AYUNTAMIENTO.- Parece que será el municipio de Guachochi, a cargo de Martín Solís, el que cobre la multa para luego transferirla a las instancias responsables, además de que, supuestamente, será castigado el responsable del aserradero clandestino en La Gobernadora.
CORRUPCIÓN.- El tema cobra muchísima relevancia porque ya se había denunciado un aserradero, pero las instancias federales no lo veían. Luego lo ven y multan al ejido, uno de los muchos que viven en la miseria en la sierra, en vez de culpar directamente al dueño del aserradero.
FRUTOS.- O lo que es lo mismo: el dueño del fruto del negocio ilegal, que debería ser más penado por la situación climática actual, se queda con las ganancias con la complacencia oficial y las multas por explotación ilegal deben pagarlas todos los ejidatarios.
LEGALIDAD.- ¿Y la cultura de la legalidad? ¿Y la eficiencia de las autoridades en materia ambiental? ¿Y la justicia para los indígenas que apenas si entienden los términos de los permisos, las multas y la explotación del bosque para utilidades? Guachochi, como buena parte de la sierra, no sólo parece tierra sin ley por la inseguridad, sino también por el caciquismo que nos remonta a siglos pasados, patrocinados por los gobiernos corruptos.
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