conocido por sus vínculos con el crimen organizadoy describe el Hipódromo de Agua Caliente –propiedad y lugar de domicilio de Hank Rhon– como un
puerto seguropara narcotraficantes.
A la luz de esos antecedentes, resulta inverosímil el comunicado conjunto emitido antier por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que la acción se originó en una denuncia ciudadana
que desembocó en el allanamiento militar de la residencia del potentado y en el hallazgo de decenas de armas de fuego, hecho por el cual fueron detenidos Hank Rhon y otras diez personas, presumiblemente personal de seguridad a su servicio. Cuesta creer que el aparato de inteligencia policial del que presume la administración calderonista haya debido recurrir a semejante subterfugio para actuar en contra de una figura con tal cantidad de indicios en contra. Para mayor descrédito de la acción militar, ayer el detenido hizo circular una declaración dirigida a la la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que sostiene que las armas en cuestión fueron sembradas
en su domicilio por los efectivos castrenses que lo capturaron y relata otras irregularidades cometidas.
La captura de Hank Rhon no es creíble ni siquiera como mensaje de voluntad política para procurar justicia y para combatir la impunidad. Si tal hubiera sido el caso, el gobierno federal bien habría podido actuar contra algunos de los connotados priístas y panistas involucrados en la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, una tragedia que ayer cumplió dos años en medio de encubrimientos a los responsables y exoneraciones facciosas. El operativo militar del sábado pasado en Tijuana, en cambio, tiene como precedente la polémica por el uso que el calderonismo podría hacer de presuntos expedientes judiciales de priístas destacados, y ocurre en el contexto político de los inminentes comicios en el estado de México, dominado hasta ahora por el Grupo Atlacomulco, del que son integrantes tanto Hank Rhon como el gobernador Enrique Peña Nieto.
Como ocurrió con el llamado michoacanazo
–la captura infundada de decenas de presidentes municipales, funcionarios estatales, policías y hasta un juez, realizada hace poco más de dos años–, resulta inevitable percibir, en la captura del priísta mexiquense y de una decena de empleados suyos en Tijuana, una utilización facciosa de los instrumentos de procuración de justicia, una intención de golpeteo político contra un partido opositor y un empeño por robustecer, con el indebido recurso a la fuerza del Estado, las posibilidades electorales del partido que gobierna en el ámbito federal.
En suma, hay un cúmulo de sospechas en torno a Jorge Hank Rhon que habrían debido ser esclarecidas, en beneficio de la sociedad, de las autoridades y hasta del mismo político priísta, por medios legales y apegados a derecho. El desaseo con el que se ha actuado en su contra, así como las inocultables implicaciones políticas y electorales del caso, oscurecen los propósitos de la acción,contribuyen al escepticismo ciudadano del que se lamentan las propias autoridaconstituyen un golpe adicional a la credibilidad de la estrategia oficial contra la delincuencia y y contribuyen al escepticismo ciudadano del que se lamentan las propias autoridades.
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