Desastre forestal en la Sierra Tarahumara de Chihuahua

Las Ráfagas de El Heraldo de Chihuahua. Julio 7, 2008.

DESASTRE.- Desde 1983 se advirtió que de continuar explotándose los bosques como hasta el presente, en 20 años la riqueza forestal se habría agotado, provocando un colapso ecológico de consecuencias imprevisibles, así como una masiva desocupación en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

DEFORESTACIÓN.- Han pasado 25 años y la advertencia no se escuchó; hoy las consecuencias han empeorado en la Sierra Tarahumara: el bosque está devastado por el saqueo indiscriminado y el descontrol durante años, sin que las autoridades Profepa y Semarnat actúen con eficiencia para regularizar y evitar la explotación indiscriminada de pinos, encinos y táscates, que están cortando sin cumplir la edad para explotarse comercialmente, como se observa en la región serrana y el mismo delegado de Profepa en el estado, Sergio Zepeda Rodríguez, lo reconoció durante su visita a Guachochi el pasado 5 de julio.

CACIQUES.- Ejidales como Anselmo Pompa García en Papajichi o la familia Payán Ramos, del ejido Tónachi, convirtieron a los ejidos en su propiedad y en gerentes "elegidos" de forma corrupta y fraudulenta para controlar los recursos y dineros de los ejidatarios, en su mayoría indígenas marginados que viven en la miseria.

DENUNCIAS.- La misma Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reconocen que a nivel nacional tienen detectadas como "ingobernables" 9 zonas localizadas en 11 estados del país, entre las que se destaca la Sierra Tarahumara de Chihuahua por el caciquismo ejidal que ejercen unos pocos en contra de la mayoría de ejidatarios.

ESPACIO.- También afirman que los problemas se dan porque tienen sólo dos inspectores de Profepa para vigilar Guachochi y Guadalupe y Calvo, municipios con miles de hectáreas de bosque donde se cometen irregularidades masivas que violentan la Ley Forestal, según denunciaron en su tiempo los inspectores Enrique Barraza y Hugo Uranga de dicha institución forestal.

IRREGULARIDADES.- Para sacar un pino comercial, los silvicultores tumban de 20 a 30 árboles; desastres en predios donde ejidatarios o pequeños propietarios dejan secar ramas y derribar árboles chicos y medianos; no hay cumplimiento con los programas de manejo forestal autorizado, marcando pinos, encinos o táscates sin autorización, como es el caso de Iván Armendáriz, candidato a comisariado ejidal en Rocheachi y empleado del IMSS, que tumbó táscates en su predio sin autorización.

CORRUPCIÓN.- En los aserraderos, de acuerdo a los inspectores de Profepa, se hace mal uso de la documentación, hasta 2 ó 3 veces lo utilizan para que "entre y salga madera ilegal" con una misma guía forestal, así como transportación de madera, "prima forestal" como tableta, madera en rollo -el pino entero- y serrada.

FORESTAL.- En el caso de la Unión de Silvicultores que dirigió Anselmo Pompa, "hicieron arreglos con algunas autoridades de más arriba", es decir funcionarios, políticos y diputados para favorecer a los madereros particulares, con lo cual contribuyó a la continuación de la corrupción, dañando y saqueando el bosque de los indígenas, según denuncia de los inspectores de Profepa.

REFORMAS.- En este sentido para parar la tala ilegal del bosque y el desorden en los ejidos, el Cabildo de Guachochi, aprobó, reformar la Ley Agraria para contrarrestar la concentración del poder y corrupción que ejercen los comisariados ejidales, pero habrá que ver si esta ley que fue enviada al Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación no se queda en el cajón de los olvidos, como pasa en otros paquetes de reformas.